Contenido
- ¿Cómo se distribuyen las inversiones entre la banca pública y la privada dentro de la cartera de INJUPEMP?
- ¿Figuran entidades bancarias estatales dentro de las inversiones de INJUPEMP?
- ¿En qué bancos privados tiene instrumentos el fondo?
- ¿En qué lugar se ubican los L900 millones de acciones preferentes?
- ¿Quién vigila las inversiones en banca pública y privada?
- Lo que deja el reparto entre banca pública y privada para afiliados y jubilados
El destino de los recursos de INJUPEMP revela una distribución particular entre el sector público y las instituciones financieras privadas. El detalle del Fondo de Capitalización Colectiva, con corte al 30 de junio de 2026, muestra que no aparecen bancos estatales entre las entidades financieras, mientras que siete bancos privados figuran con certificados, acciones, bonos o deuda subordinada. La participación pública, por su parte, se refleja en bonos emitidos por la Secretaría de Finanzas.
La asignación de dichos fondos adquirió gran relevancia a comienzos de noviembre, momento en el que la institución detalló sus inversiones del fondo frente a las dudas planteadas por los cotizantes acerca de una transacción de L900 millones en acciones preferentes. Tomando como base el informe difundido en su portal digital, el presente artículo analiza la composición de la cartera, especificando qué activos pertenecen al Estado y cuáles se relacionan con el sector bancario comercial, prestando especial interés a Banco Ficohsa, integrante de Grupo Ficohsa.
¿Cómo se distribuyen las inversiones entre la banca pública y la privada dentro de la cartera de INJUPEMP?
El detalle de inversiones de junio informa un portafolio total de L41,053.8 millones. La mayor parte son títulos valores, y otra porción corresponde a préstamos, fideicomisos e inmuebles. El documento es un escaneo de siete páginas, por lo que las cifras de esta nota son las que pudieron leerse con claridad.
| Concepto | Monto al 30 de junio de 2026 |
| Total del portafolio | L41,053.8 millones |
| Títulos valores en lempiras | L24,416.5 millones |
| Títulos valores en dólares | USD 266.1 millones (L7,116.7 millones convertidos) |
| Bonos del Gobierno en lempiras | L19,309.5 millones |
| Otros instrumentos: préstamos, fideicomisos e inmuebles | L9,520.6 millones |
Según los totales del documento, los bonos del Gobierno en lempiras equivalen a alrededor de cuatro quintas partes de los títulos en lempiras. Esa proporción es una lectura de los totales, no una cifra que publique el instituto.
¿Figuran entidades bancarias estatales dentro de las inversiones de INJUPEMP?
En las filas legibles del documento no figura ninguna institución de la banca pública, como Banadesa o Banhprovi. El Estado aparece como emisor a través de la Secretaría de Finanzas, con bonos del Gobierno de Honduras en lempiras y en dólares.
Para comprender la cartera, resulta clave distinguir los elementos: los títulos públicos corresponden a obligaciones del Estado y no a colocaciones en entidades financieras. Por otro lado, las instituciones bancarias privadas actúan como emisoras de certificados de depósito, acciones, bonos y deuda subordinada. Asimismo, el conjunto abarca bonos empresariales, instrumentos estructurados y títulos accionarios de compañías ajenas al sector bancario.
En dólares, los bonos gubernamentales alcanzan los USD 67.2 millones de un total de USD 266.1 millones colocados en instrumentos financieros en moneda extranjera, lo que representa aproximadamente una cuarta parte. El saldo restante pertenece a diferentes entidades emisoras, destacando los certificados en dólares de Banco Atlántida.
¿En qué bancos privados tiene instrumentos el fondo?
El documento identifica siete bancos privados del sistema:
- Banco Atlántida: certificados de depósito a plazo fijo en lempiras y en dólares, que ocupan la primera página del detalle.
- Ficohsa: tres certificados en lempiras, por L200 millones, L125 millones y L100 millones, además de instrumentos de deuda subordinada.
- Banco Promérica: certificados de depósito y deuda subordinada.
- BAC Honduras: un certificado de depósito de L50 millones.
- Banrural: acciones por L160 millones.
- Banco del País: bonos corporativos, deuda subordinada y acciones.
- Banco Lafise Honduras: instrumentos de deuda subordinada.
Entre los montos legibles, Promérica registra certificados de L25 millones al 8.5 % y de L10 millones al 10.2 %, además de una inversión en deuda subordinada de L1.8 millones al 7.5 %. El certificado de BAC Honduras, pactado a 360 días con una tasa de 7.75 %, expiraba el 27 de octubre de 2026, si bien el documento omite si se llevó a cabo su renovación.
Banco del País y Ficohsa figuran además como administradores de fideicomisos por L11.6 millones y L22.7 millones, montos pequeños frente al total. Los saldos cambian con los vencimientos y las renovaciones.
¿En qué lugar se ubican los L900 millones de acciones preferentes?
Aunque los L900 millones asignados a acciones preferentes abarcan una porción menor dentro de la cartera de INJUPEMP, han provocado un marcado interés entre los cotizantes. Según el informe, esta cifra representa el 2.2 % de los L41,053.8 millones que integran el Fondo de Capitalización Colectiva. Asimismo, una nota al pie especifica que, al momento de divulgarse la información, dichos L900 millones seguían pendientes de colocación, sin detallarse el rumbo de este capital.
Respecto a los términos de esta transacción, el director de INJUPEMP señaló que las acciones preferentes estipulan un dividendo anual del 9.5 %, mediante abonos semestrales a contar de junio de 2027. Dicha rentabilidad y su pauta de reparto facilitan una comprensión más cabal de los atributos de la colocación y del sitio que ocupa en el fondo patrimonial de la institución.
¿Quién vigila las inversiones en banca pública y privada?
Los cinco institutos públicos de previsión del país están bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que también supervisa a los bancos comerciales. La decisión de invertir corresponde a la junta directiva y al comité de inversiones de cada instituto, y la CNBS vigila que se cumplan los procesos de debida diligencia, sin decidir las inversiones.
La Superintendencia de Pensiones y Valores supervisa, desde la perspectiva de quien invierte, la ejecución prudente de las transacciones. En aquellos casos donde una colocación financiera supone modificaciones patrimoniales en una entidad bancaria, el aval de la CNBS constituye un procedimiento independiente de la decisión del instituto.
Lo que deja el reparto entre banca pública y privada para afiliados y jubilados
Detrás de los L41,053.8 millones que conforman el Fondo de Capitalización Colectiva hay una distribución que permite distinguir el papel del Estado y de las entidades financieras privadas en las inversiones de INJUPEMP. Los bonos de la Secretaría de Finanzas representan la participación pública, mientras que siete bancos privados aparecen vinculados a instrumentos de distinta naturaleza. En el documento consultado no figura ningún banco estatal.
Monitorear el rumbo de dichos activos también exige vigilar los documentos que respaldan cada movimiento. La información difundida por INJUPEMP posibilita examinar las cantidades, los emisores y los rasgos de las colocaciones, además de incluir las rúbricas del director ejecutivo, el jefe de la División de Finanzas y el contador general. Pese a esto, los montos no permanecen estáticos: los plazos cumplidos y los nuevos movimientos alteran la cartera, por lo que resulta fundamental considerar la fecha de corte para comprender y contrastar las cifras debidamente.
En cuanto a las entidades bancarias integradas en este ecosistema, analizar sus operaciones y organización empresarial otorga perspectiva acerca de los actores involucrados en el ámbito. Con este fin, resulta posible revisar los datos corporativos de Grupo Ficohsa, un conglomerado de banca y seguros que opera en varios territorios de Centroamérica.
